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Un grupo transversal de alcaldes y alcaldesas de la Región Metropolitana se reunió este martes con el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, para presentar una propuesta con nueve medidas orientadas a fortalecer la reforma a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. La iniciativa busca combinar mayor exigencia frente a delitos violentos cometidos por adolescentes con medidas efectivas de reinserción, cumplimiento de sanciones, acompañamiento posterior al egreso, protección de las víctimas, alerta temprana y rehabilitación frente al consumo problemático de drogas. 

Tras la reunión, el ministro Rabat valoró el carácter transversal de la propuesta y señaló que existe coincidencia con el trabajo que está impulsando el Ejecutivo. “Nos hemos reunido con alcaldes no solamente de distintas comunas, sino, lo más relevante hoy día, de distintos sectores políticos. Ellos han traído una serie de propuestas relacionadas con modificaciones a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente que coinciden con las indicaciones que el Ejecutivo ha preparado y está pronto a presentar en el Senado”, afirmó.

El secretario de Estado agregó que la discusión no puede centrarse únicamente en el endurecimiento de las sanciones, sino también en la reinserción. “Hemos coincidido con los alcaldes y alcaldesas no solamente en lo que se refiere a indicaciones relativas a las modificaciones a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, sino que también en la importancia que tiene la reinserción. No podemos trabajar solamente en el endurecimiento de la ley que afecta a los jóvenes si no nos preocupamos de la reinserción, tanto de los jóvenes como también de los niños y menores de edad”, sostuvo.

Por su parte, la alcaldesa de Vitacura, Camila Merino, destacó el acuerdo alcanzado entre autoridades comunales de distintos sectores políticos. “Estamos contentos de haber logrado un acuerdo entre diferentes comunas del país que sufren la violencia y también pensando en personas menores de edad que necesitan ser rehabilitadas. Hoy día no tenemos que bajar la edad, tenemos que fortalecer la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. Este acuerdo va a permitir, esperamos, que se acelere el cambio de la ley, que Chile esté más seguro y que nuestros adolescentes también estén mejor, porque van a tener una oportunidad real de rehabilitación”, afirmó.

El alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel manifestó que “las víctimas son la prioridad. Que nunca más pase algo como lo de San Bernardo. Que alguien que ha cometido un delito seis o cuatro veces, siendo menor de edad, no haya sido detenido y permanezca en un régimen cerrado, y que nunca más el Estado deje de reaccionar a tiempo cuando alguien puede ser rehabilitado. Si tenemos estos principios en común, creo que es tiempo de trabajar rápido, con sentido de urgencia. Hay personas que son potenciales víctimas de delitos en el mediano plazo y, si no reaccionamos y no cambiamos la ley, probablemente vamos a tener que decir de nuevo: ‘Pucha, fallamos, nos equivocamos’. El Estado puede reaccionar, debe hacerlo transversalmente y debe hacerlo ahora, a través de un proyecto de ley que debe ser ingresado”, sostuvo.

La alcaldesa de San Miguel, Carol Bown, dijo que “el 71% de los detenidos por delitos violentos en San Miguel son menores de edad de entre 14 y 17 años. Por eso valoramos profundamente esta propuesta transversal entre alcaldes de distintas comunas, que pone en el centro la seguridad de los vecinos y la necesidad de fortalecer la reforma a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. Junto al ministro Rabat coincidimos en que es indispensable impulsar un trabajo coordinado entre distintos ministerios e instituciones que permita detectar e intervenir tempranamente a niños y adolescentes en situación de riesgo, entregarles oportunidades reales para salir de la delincuencia y, al mismo tiempo, fortalecer la protección de las víctimas. Esperamos que el Congreso respalde esta propuesta y permita avanzar en una reforma que compatibilice sanciones proporcionales con una reinserción efectiva”, señaló.

Claudio Castro, alcalde de Renca, destacó que “para nosotros era importante despejar un punto central en este debate. Creemos que bajar la edad de responsabilidad penal adolescente no resuelve el problema de fondo. El foco debe estar en que el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente funcione de verdad, especialmente frente a delitos violentos y casos de reincidencia. Hoy tenemos evidencia de que el régimen abierto, en muchos casos, no está logrando detener las trayectorias delictivas. Por eso creemos que es necesario revisar y fortalecer el régimen cerrado, asegurando que las sanciones para delitos violentos sean proporcionales, se cumplan efectivamente y estén acompañadas de procesos reales de rehabilitación y reinserción. No se trata de elegir entre seguridad o reinserción: el país necesita ambas”.

En tanto, Isabel Valenzuela, alcaldesa de Colina, indicó que “los alcaldes llevamos años advirtiendo que la delincuencia juvenil está cambiando y que el Estado debía actuar antes de que fuera demasiado tarde. Hoy damos una señal transversal: necesitamos una Ley de Responsabilidad Penal Adolescente más firme, que proteja a las víctimas, garantice el cumplimiento efectivo de las sanciones y entregue herramientas reales de reinserción. La seguridad de las familias no puede seguir esperando, y este es el momento de transformar esa demanda ciudadana en una política pública concreta”.

Finalmente, Karina Delfino, alcaldesa de Quinta Normal, señaló que “Cuando el Estado no se hace presente en el espacio público, a nuestros niños y niñas los toma el crimen organizado, y hacernos cargo de aquello es nuestra responsabilidad. Debemos adoptar una mirada preventiva, de reinserción, de entregar oportunidades laborales a los jóvenes. Tenemos que proteger y entregar oportunidades y así cortar estas trayectorias delictuales”.

Entre las medidas planteadas se considera restringir las sanciones en medio libre para delitos violentos, establecer un escalamiento efectivo frente a la reincidencia, rediseñar el régimen cerrado, crear planes de egreso con acompañamiento posterior al cumplimiento de la sanción, incorporar la participación de las víctimas, mejorar la supervisión de las condenas, crear un sistema nacional de alerta temprana, fortalecer el sistema de protección especializada y abordar el consumo problemático de drogas como parte central de la prevención de la reincidencia.